Venezuela ha vivido en los últimos años periodos de profunda escasez de alimentos y medicinas, que luego se combinaron con una de las más graves hiperinflaciones en la historia de la región. La contracción del producto interno bruto durante los últimos siete años es de dimensiones usualmente vistas solo en países en guerra. El conflicto político venezolano ha escalado al grado de estancar cualquier esfuerzo para solucionar la crisis. La situación humanitaria se ha precarizado y forzado el éxodo masivo de millones de venezolanos buscando mejores condiciones de vida. Las condiciones de vida empeoran en las regiones, donde la intermitencia del servicio eléctrico y las prolongadas interrupciones en el suministro de agua y gas azotan a los habitantes de la provincia.
Como consecuencia del agravamiento e internalización del conflicto político, varios países han aplicado sanciones individuales a funcionarios, así como también sanciones financieras y petroleras, cuyo levantamiento se ha condicionado a la celebración de elecciones que cumplan las condiciones necesarias para el reconocimiento internacional. Sin embargo, dada la fragilidad preexistente de la economía venezolana, cada día que transcurre sin que emerja una solución viable nos acerca más a una catástrofe humanitaria sin precedentes. En este contexto, urge el diseño de estrategias que permitan atender a la población más vulnerable de forma despolitizada, transparente y sostenible, a través del uso de los propios recursos de Venezuela: aquellos derivados de la venta de petróleo que, hasta ahora, siguen siendo controlados por el gobierno de Nicolás Maduro.
