Francisco Rodríguez propone acuerdo para nombrar directorio del BCV y movilizar financiamiento internacional
La fundación Petróleo por Venezuela, dirigida por el economista venezolano Francisco Rodríguez, publicó este lunes, 19 de abril, su más reciente trabajo: “Recursos para enfrentar la crisis humanitaria de Venezuela”, donde desarrolla una propuesta que le permitiría al país acceder a algunos de sus fondos en el exterior actualmente bloqueados por disputas legales y obtener financiamiento multilateral -como es el caso del Fondo Monetario Internacional- para paliar los efectos de la crisis y la pandemia del COVID-19, teniendo como base un acuerdo político.
Una de las bases del trabajo de Petróleo por Venezuela es el nombramiento conjunto, por parte de las administraciones de Juan Guaidó y Nicolás Maduro, de un directorio único del Banco Central de Venezuela para garantizar el acceso a los fondos.
“Un directorio único del Banco Central garantizaría la disponibilidad casi inmediata de los depósitos de oro de la República en el Banco de Inglaterra y sería un importante primer paso para lograr llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es también importante porque devolvería el carácter estrictamente técnico a la institución y permitiría darle independencia en materias como política monetaria, que es necesaria para sacar al país de una recesión que ya tiene más de cinco años”, resaltó Rodríguez.
El documento explora, además, alternativas constitucionales para el nombramiento de este Banco Central único, y soluciones complementarias que permitirían al país acceder a los instrumentos de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“La propuesta planteada en este documento forma parte de un enfoque más amplio, que subraya la necesidad de acuerdos entre las partes del conflicto político venezolano que faciliten la reinserción del país en la economía global para atender sus graves problemas económicos y humanitarios”, declaró Rodríguez.
UN PROGRAMA PARA TODOS
El equipo de Petróleo por Venezuela enfoca el diseño de su propuesta en dos fuentes de financiamiento: los Derechos Especiales de Giro (DEG) y el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y l del FMI y los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra. “Creemos que Venezuela podría satisfacer los requisitos del FMI para una solicitud de IFR en el contexto de un acuerdo político”, reza el documento.
El programa cubriría cuatro puntos: (i) un subsidio a cada familia, para que los responsables del hogar puedan quedarse en casa durante los períodos de cuarentena; (ii) fondos para cubrir los gastos del sector salud relacionados con la crisis del COVID-19, incluyendo un Plan Nacional de Vacunación; (iii) financiamiento del presupuesto general para cubrir el 25% de las pérdidas por la caída de los ingresos petroleros con respecto al año pasado; y (iv) transferencias para migrantes venezolanos en condiciones de vulnerabilidad. El costo total del programa sería de $8.500 millones en dos años y se financiaría con los DEG del país en el FMI (actualmente de $ 5.500 millones, pero sujetos a una ampliación), los $ 7.700 millones de un posible financiamiento por la vía del IFR, y el oro depositado en el Banco de Inglaterra ($ 2.000 millones).
“Nuestra propuesta es, además, suficientemente flexible para que una mesa técnica de expertos evalúe las mejores opciones en el caso de la vacunación y así se garantice que los venezolanos tendrán acceso a inmunizaciones científicamente confiables contra el COVID-19”, subrayó Rodríguez.
EL ACUERDO ES NECESARIO
Para acceder a los fondos de financiamiento, es imperativo que las partes del conflicto político venezolano firmen un acuerdo que permita, efectivamente, hacer uso de los recursos para beneficio de la población venezolana.
“Nuestras propuestas se basan en la recomendación de un acuerdo entre las partes del conflicto político que vive el país, para unificar instituciones que juegan un papel fundamental en la gestión de los activos de la República en el exterior. Estas instituciones pueden crearse a partir de organismos existentes, como parte de un acuerdo que ayude a resolver la disputa sobre la legitimidad de las instituciones políticas de Venezuela o, alternativamente, como parte de acuerdos parciales dirigidos a abordar las consecuencias de la crisis económica y humanitaria del país, incluso a falta de una resolución definitiva a su crisis política”, reza el documento.
El documento también explica que el acuerdo político es necesario incluso para el depósito y uso de los fondos, pues existen cuentas en el exterior que están en manos de la administración Guaidó, pero en definitiva se necesita del gobierno de Nicolás Maduro para la distribución de bienes que puedan ser comprados a través del programa, por ejemplo, en el sector público de salud.
SUPERVISIÓN INTERNACIONAL
El programa propuesto estaría regido por una Junta Administradora integrada por expertos reconocidos en las áreas de asistencia humanitaria y de salud, nombrados de mutuo acuerdo entre las partes del conflicto político y con la participación de la comunidad internacional. La Junta tendría como funciones procurar todos los bienes y servicios a ser adquiridos con los fondos del préstamo y otros ingresos del programa, así como la distribución de esos bienes y servicios en Venezuela.
La Junta Administradora estaría también sujeta a supervisión legislativa. Parte del acuerdo entre las partes daría a la Asamblea Nacional electa en 2015 y a la Asamblea Nacional electa en 2020 poderes independientes para aprobar los presupuestos presentados, y sus respectivos comités de contraloría tendrían autoridad para investigar sus actividades.
Además, un organismo internacional independiente estaría a cargo de supervisar el cumplimiento del programa y si se está ejecutando de una manera coherente con los objetivos del acuerdo político que lo originó.
“Este acuerdo debe tener como objetivo principal emprender acciones concretas para atender la emergencia humanitaria del país. Recomendamos que la negociación de este acuerdo se separe de las negociaciones sobre la crisis de legitimidad política que vive el país. Este tipo de negociaciones puede, además, convertirse en pilar hacia una transformación gradual de los incentivos políticos y así abrir caminos para encontrar las soluciones necesarias para salir del catastrófico estancamiento que vive Venezuela”, finalizó Francisco Rodríguez.
