Es hora de un nuevo enfoque para presionar a Maduro en Venezuela
Francisco Rodríguez
Desde 2017, la administración del presidente Donald Trump mantiene progresivamente un embargo petrolero y financiero a Venezuela, que ha reducido fuertemente el acceso de la economía a las divisas. Después de la última ronda de sanciones petroleras de enero, la producción de crudo disminuyó en 400 mil barriles diarios, lo que llevó a la pérdida de ocho mil millones de dólares en ingresos por exportaciones. Las importaciones han caído en más de 50% con respecto al año pasado, según los cálculos de Petróleo para Venezuela, basados en los datos de los socios comerciales, y han caído a menos de una décima parte de los niveles de 2012.
Estados Unidos necesita, urgentemente, una estrategia para Venezuela que se adapte a un escenario realista de confrontación prolongada entre el régimen de Maduro y la oposición. Esto significa recalibrar el actual régimen de sanciones para que los sectores más vulnerables de la población venezolana no paguen el costo del conflicto político.
La comunidad internacional se enfrentó a un problema similar en los años 90, cuando las preocupaciones sobre el impacto humanitario de las sanciones multilaterales sobre Irak llevaron al diseño del programa de Petróleo por Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. Si bien el plan se vio empañado por un gran escándalo de corrupción, podemos aprender de su experiencia para evitar cometer los mismos errores. En 2005, una comisión encabezada por el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volcker, llevó a cabo un análisis exhaustivo para determinar sus falencias, y emitió recomendaciones concretas que deberían utilizarse como punto de partida para el diseño de un nuevo proyecto de esta índole.
En investigaciones publicadas recientemente, nuestra organización ha presentado los detalles de cómo un programa de este tipo podría funcionar en Venezuela. Nuestro diseño incorpora las recomendaciones de la prestigiada comisión internacional Volcker, así como de la literatura más reciente sobre el diseño de iniciativas humanitarias y de asistencia social. Por ejemplo, en el caso de Irak, el régimen de Saddam Hussein utilizó su control sobre las ventas de petróleo para exigir pagos paralelos en cuentas fuera de la supervisión del programa. En nuestra propuesta, la administración de Maduro no podrá elegir a quién vender el petróleo.
Sin embargo, el caso de Venezuela tiene algunos aspectos muy diferentes al de Irak, que solo tenía un gobierno reconocido internacionalmente. Aquí, el gobierno interino, encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es reconocido por más de 50 países y, lo que es más importante, tiene el control legal sobre las cuentas de las entidades estatales venezolanas en el sistema financiero de los Estados Unidos. En pocas palabras: Maduro puede producir el petróleo, pero sólo Guaidó puede venderlo en los Estados Unidos.
Por lo tanto, más que un programa de petróleo por alimentos, Venezuela necesita un Acuerdo Petrolero Humanitario, que proteja a los venezolanos más vulnerables de las consecuencias del conflicto político del país.
Es crucial que las importaciones de bienes esenciales que se paguen a través del programa se distribuyan a través de un mecanismo despolitizado que no caiga en manos del régimen de Maduro. Durante años, él ha utilizado el control sobre la distribución de alimentos para obtener influencia política, amenazando a aquellos que no asisten a mítines del gobierno o no acudan a votar con la pérdida de los alimentos subsidiados, que a menudo son la principal fuente de sustento de estas personas. Un Acuerdo Petrolero Humanitario bien diseñado debe garantizar que el acceso a los alimentos adquiridos a través del programa no esté sujeto a ningún tipo de condicionamiento político.
Las agencias internacionales de ayuda deberían supervisar directamente la distribución de bienes, mientras que la Organización de las Naciones Unidas podría realizar la contraloría en la gestión de los fondos y la adquisición de importaciones. La Asamblea Nacional debe tener el poder de supervisar todas las transacciones, que deben gestionarse con el más alto nivel de transparencia. El programa debería hacer uso de las redes de distribución del sector privado que, combinadas con un sistema de cupones bien diseñado, reduciría la discrecionalidad del gobierno y restringiría el surgimiento de mercados negros.
Los niños y las familias que actualmente luchan por sobrevivir en Venezuela no deberían estar esperando a que se resuelva una crisis política que nadie sabe cuánto durará. Estados Unidos, la comunidad internacional y las partes en conflicto de Venezuela tienen la responsabilidad de garantizar que ningún venezolano más se convierta en una baja colateral de la confrontación política del país.
